Columna: El gobierno abierto en Uruguay

En el marco de la conmemoración de un nuevo día de la Libertad de Prensa, se hace necesaria una pausa en la rutina y mirar en perspectiva uno de las agendas más dinámicas en la materia en la última década: el gobierno abierto.

En la última década Uruguay ha dado grandes pasos en torno a la temática de gobierno abierto, respeto a la libertad de expresión y transparencia. Esos impulsos, van acompañados de determinados frenos o resistencias que siguen siendo parte de un aspecto medular y más difícil de cambiar: la cultura política.

 

El acceso a la información pública en Uruguay está regulado por la Ley N° 18.381  del Derecho de Acceso a la Información Pública (en adelante LDAIP) y su decreto reglamentario (232/10). Esta Ley regula tanto las solicitud de acceso de la población (derecho de petición), así como la información difundida proactivamente por los organismos públicos a través de sus sitios web.

La reglamentación de la Ley, creó un órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC). Esta agencia tiene autonomía técnica pero no política ya que sus miembros son nombrados por el poder ejecutivo. . 

Dentro de las funciones previstas para la Unidad de Acceso a la Información Púbica (UAIP) al igual que la promoción de políticas vinculadas al acceso a la información pública. Dentro de los cometidos asociados a la regulación y supervisión, se encuentran: brindar  asesoramiento  Jurídico  al  Poder Ejecutivo en materia de acceso a la información pública; controlar el cumplimiento por parte de los organismos públicos; resuelve peticiones presentadas por las personas frente a la denegación o falta de respuesta por parte de los organismos. Dentro de las actividades de promoción se encuentran la capacitación a funcionarios. 

En 2005 nace la Agencia para el Gobierno Electrónico, la Sociedad de la Información y el Conocimiento AGESIC dependiente de la Presidencia de la República. Desde un comienzo la AGESIC tuvo el rol de promover la generación de instancias de facilitación del gobierno electrónico en las diversas instituciones del Estado.

Dentro de las acciones que se han generado desde entonces se destacan;

  • Portal único de trámites del Estado
  • Política de datos abiertos del Estado Uruguayo
  • Desarrollo de nuevos portales web de los Ministerios y la Presidencia
  • Portal único de concursos del Estado
  • Generación de Premios que estimulan la transparencia y el gobierno electrónico entre las instituciones del Estado
  • Portal único de compras del Estado

Otra de las áreas fundamentales de los espacios asociados al gobierno abierto, implementadas desde el año 2005 es la implementación de acciones de promoción del acceso a la tecnología y de superación de la brecha digital. Normalmente las brechas digitales en los países tienden a acompañar o reproducir inequidades de carácter más estructural, como las de ingreso.

En definitiva, hay instancias que permitieron avanzar institucionalmente en materia, tanto de acceso a la información pública, como de gobierno electrónico.  Sin embargo, se presentan resistencias asociadas a estos avances que dan cuenta de las tensiones existentes en la materia.

Según el Índice de Transparencia Activa en Línea, calculado por la Universidad Católica del Uruguay y CAINFO, el nivel de cumplimiento de transparencia activa de los organismos públicos sigue siendo bajo. Al año 2014, los resultados dan cuenta que tanto ministerios como intendencias no alcanzan niveles altos de transparencia activa en línea.

A nivel gubernamental nacional como local, se aprecian retrocesos a nivel de cumplimiento de publicación de la información obligatoria en su mayoría asociados a la desactualización de lo publicado.

Entonces, aún persisten desafíos vinculados en especial al último aspecto vinculado a la transparencia, tal vez el más difícil de conseguir: la comunicación de lo que hacemos.

En este sentido, uno de los principales indicadores es la accesibilidad de la información. "Concretamente el diseño, como prerrequisito imprescindible para ser usable, debe posibilitar el acceso a todos sus potenciales usuarios, sin excluir a aquellos con limitaciones individuales - discapacidades, dominio del idioma,... - o limitaciones derivadas del contexto de acceso - software y hardware empleado para acceder, ancho de banda de la conexión empleada, etc.-" (Hassan Montero, Fernández; 2003)[1].

Un diseño accesible implica delinear estrategias de diseño de acuerdo a la  diversidad y heterogeneidad de necesidades de acceso presentadas por las audiencias, que varían de acuerdo a muchos factores. En este sentido cuando la audiencia para la que se elabora una información es muy amplia y presenta necesidades de acceso muy diferentes, normalmente se hace necesaria la puesta a disposición de varias versiones del diseño o un diseño adaptable,  (Hassan Montero, Fernández; 2003b)[2].

En esta dimensión de la transparencia, vinculada a la "comprensibilidad pública" de lo que hace el sector público aún tenemos un desafío pendiente. La visión de la importancia en Uruguay de los actores sobre la transparencia y el acceso a la información pública ha mejorado. Sin embargo, a la hora de elaborar estrategias de comunicación educativa para la ciudadanía tenemos una materia pendiente.

No solo se trata de facilitar el acceso a la información a la ciudadanía y a la prensa. Es necesario además traducir el lenguaje técnico de muchas de las áreas de las políticas públicas a un lenguaje ciudadano. Existen avances importantes como la campaña IMPORTA QUE LO SEPAS de IMPO que han ido en ese sentido. Pero el cambio cultural de abrazar masivamente estrategias de comunicación educativa es un asunto pendiente.

Tal como me señalaba el profesor Ramírez-Alujas en unas frías aulas del Instituto Ortega y Gasset, el Gobierno Abierto surge como un nuevo paradigma y modelo de relación entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad: transparente, multidireccional, colaborativo y orientado a la participación de los ciudadanos tanto en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas, a partir de cuya plataforma o espacio de acción es posible catalizar, articular y crear valor público desde y más allá de las fronteras de la burocracias estatales. Visto de este modo, "Se trata de una nueva cultura de la comunicación, un nuevo modelo organizativo y la liberación del talento creativo dentro y fuera de los perímetros de la función pública. No hablamos solo de tecnología, sino de una tecnología social y relacional que impulsa y estimula una cultura de cambio en la concepción, gestión y prestación del servicio público" (Gutiérrez-Rubí, 2010).

Hemos avanzado, pero el cambio de enfoque a nivel cultural es una tarea sobre la que tenemos que seguir trabajando.

 

Matías Ponce